Los líquidos que desprende la basura pueden filtrarse hacia las napas, mientras la acumulación de residuos expone a quienes trabajan en su recuperación. Esos riesgos forman parte de la advertencia del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires sobre el basural de Miramar, que volvió a reclamar medidas de protección ambiental y sanitaria a las autoridades.

El pronunciamiento se conoció después de una investigación de Telenoche sobre el predio ubicado junto a la ruta provincial 77. El informe mostró las condiciones de disposición de los residuos y denunció descargas de camiones municipales en otro terreno, situado en el barrio Las Flores, al que identificó como un vertedero clandestino.

Los riesgos que señala el Consejo

La entidad explicó que la descomposición de los desechos genera lixiviados, líquidos que pueden contaminar el suelo y las aguas superficiales y subterráneas. También advirtió sobre las emisiones de gases y la posible presencia de sustancias que requieren un tratamiento diferente al de la basura domiciliaria.

El comunicado no presenta nuevos análisis de muestras tomadas en Miramar: describe los riesgos de la disposición inadecuada de residuos y reclama saneamiento, monitoreo y protección para los trabajadores.

Una causa judicial con obligaciones pendientes

El conflicto tiene antecedentes judiciales. De acuerdo con la reconstrucción publicada por TN, una sentencia de mayo de 2022 ordenó medidas de adecuación y saneamiento, además del posterior cierre del basural. El expediente involucra al Municipio de General Alvarado y al Ministerio de Ambiente bonaerense.

La situación requiere una precisión: la Justicia también reconoció cumplimientos parciales. Según los extractos de una resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata publicados por El Argentino Digital en agosto de 2026, se acreditaron avances en la planta de separación y la colaboración provincial. Sin embargo, persistían incumplimientos en el cerramiento, el control de acceso, la iluminación y otras medidas de seguridad del predio.

Qué respondió el Municipio

La administración de Sebastián Ianantuony atribuyó la paralización del nuevo centro ambiental a un pago pendiente del Gobierno nacional a la empresa adjudicataria. En un comunicado recogido por Grupo La Provincia, sostuvo que las obras debían comenzar en mayo de 2024 y que el proyecto incluye el cierre técnico del basural. También informó que busca financiamiento alternativo ante el Consejo Federal de Inversiones.

El cierre, de todos modos, requiere cuidados posteriores. La Resolución provincial 1143/02, referida a rellenos sanitarios, contempla 30 años de mantenimiento y monitoreo desde que dejan de recibir residuos. Esa obligación permite dimensionar el trabajo pendiente: detener las descargas debe ir acompañado de controles sobre lo que queda enterrado y sus efectos en el ambiente.