El modelo tradicional de colegiación de los corredores inmobiliarios en la Argentina atraviesa un escenario inédito de cuestionamiento institucional e impugnación legal. Lo que comenzó como denuncias por persecución administrativa y hostigamiento a nuevos modelos comerciales derivó en un cuestionamiento integral sobre el rol de las corporaciones profesionales, el uso abusivo de las potestades delegadas por el Estado y la imposición de trabas al libre ejercicio del trabajo.

El eje central de este proceso de revisión es la resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), basada en el dictamen elaborado el 5 de octubre de 2026 por la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas (SICA). La Autoridad Nacional de la Competencia declaró al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA) responsable de infracciones graves a los artículos 1° y 3°, inciso d), de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia por incurrir en abuso de posición dominante.

Como consecuencia de las maniobras acreditadas, el tribunal impuso al colegio porteño una multa de 200.000 unidades móviles –equivalentes a $290.010.000 pesos al valor fijado por la resolución reglamentaria del organismo– y ordenó el cese inmediato de sus conductas exclusorias y discriminatorias. En paralelo, el TDC formuló recomendaciones regulatorias al Poder Ejecutivo de la CABA, a la Legislatura porteña y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, instando a revisar la obligatoriedad de la matriculación profesional y a garantizar un control estatal efectivo que elimine las barreras artificiales de acceso al mercado.

La instrucción sumarial demostró que CUCICBA desplegó una estrategia sistemática desde el año 2016 para obstaculizar el acceso, la permanencia y el desarrollo de los corredores que operan mediante contratos de franquicia –como el sistema RE/MAX– y otros formatos comerciales en red. Los datos reflejados en el expediente ponen de manifiesto la severa desproporción del accionar disciplinario:

• Persecución desmedida: aunque los corredores franquiciados vinculados a redes representan menos del 2% de la matrícula activa en CABA, concentraron el 20% de la totalidad de las causas disciplinarias iniciadas por CUCICBA desde 2016.
• Desproporción estadística: en el año 2022, el CUCICBA abrió 27 expedientes disciplinarios contra corredores que trabajan con franquicias frente a solo 12 dirigidos al universo restante de más de 7.000 colegiados no franquiciados.
• Bloqueo operativo: el colegio denegó o rechazó 23 solicitudes de matriculación y objetó más de 34 declaraciones juradas de actividad profesional, lo que dejó a los profesionales expuestos a sanciones e imposibilitados de acceder a herramientas esenciales como el sistema de informes comerciales Fidelitas.
• Uso indebido de resoluciones anuladas: CUCICBA utilizó la Resolución IGJ 350/2020 para desacreditar la actividad en medios y sostener rechazos administrativos, aun cuando dicha norma fue revocada de forma definitiva el 24 de mayo de 2022 por la Cámara Comercial y ratificada tras el rechazo del recurso de queja por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 11 de diciembre de 2025. Esta embestida provocó que 68 de las 79 rescisiones de contratos de franquicia registradas en CABA entre 2014 y 2024 ocurrieran a partir de 2020.

El fallo expuso además un conflicto de intereses estructural: las autoridades de CUCICBA actúan simultáneamente como reguladores y competidores en el mercado. Mientras perseguían a los franquiciados por usar marcas o contar con equipos de asistencia, dirigentes del propio colegio utilizaban abiertamente nombres de fantasía y presentaban colaboradores en sus inmobiliarias sin recibir reproche ni sumario alguno.

Entre Ríos: el debate legislativo frente a las trabas universitarias

El impacto de la resolución de Defensa de la Competencia resonó en forma directa en el Litoral. En Entre Ríos, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados abrió el 14 de octubre pasado el debate del proyecto de ley N° 28.825, presentado por la diputada Carola Laner, para modificar las Leyes 9.739 y 11.084 que regulan el corretaje provincial.

Durante la comisión, graduados universitarios expusieron las trabas normativas que sufren para matricularse y ejercer. En particular, cuestionaron las exigencias académicas desproporcionadas –como la obligatoriedad de una licenciatura específica– que actúan como barreras de entrada arbitrarias que impiden trabajar y bloquean el desarrollo de nuevos modelos de negocios. La discusión entrerriana coincide de forma directa con las pautas sentadas por el tribunal nacional sobre los límites de la regulación profesional y sus efectos sobre el acceso al mercado.

Santa Cruz: el rechazo de las bases y el archivo de la colegiación obligatoria

La resistencia al avance de la colegiación sumó un capítulo decisivo en la provincia de Santa Cruz. El Proyecto de Ley Nº 367/2024, que buscaba crear el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos con matriculación obligatoria, colapsó por falta de consenso en la Cámara de Diputados y pasó formalmente a archivo en septiembre de este año.

El freno de la iniciativa fue impulsado por la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS), entidad que agrupa a cerca del 90% de las oficinas inmobiliarias de la provincia y que denunció la ausencia de consultas previas a las bases del sector. ACIS objetó la existencia de iniciativas cruzadas y advirtió que la colegiación obligatoria desvalidaba la trayectoria de trabajadores e idóneos con décadas de ejercicio en el mercado local.

El fallo contra CUCICBA, el debate de reforma en Entre Ríos y el archivo del colegio en Santa Cruz marcan un quiebre en la regulación inmobiliaria del país. El consenso sobre la necesidad de preservar la libre competencia, proteger los derechos de los trabajadores y defender la libertad de elección de los consumidores comienza a imponerse frente a las prerrogativas de los monopolios colegiados.