La concesión del estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas volvió a quedar en el centro de la discusión pública en Mar del Plata. Una investigación publicada por Tiempo Argentino, firmada por los periodistas Esteban Soroeta y Juan Marco Candeloro, analizó el funcionamiento del contrato y extendió la mirada hacia otros espacios públicos que en los últimos años pasaron a manos privadas.

El trabajo, titulado "Hundan al Minella: la trama detrás de la privatización del Estadio de Mar del Plata", planteó una pregunta que excedió al principal escenario deportivo de la ciudad: qué sucede con el patrimonio público cuando el Estado decide entregarlo en concesión y qué controles existen para garantizar que las inversiones prometidas efectivamente se realicen.

Deudas, juicios y obras sin ejecutar

De acuerdo con los datos que aportó la investigación, ya adelantados por LA CAPITAL, a seis meses de iniciada la concesión Minella Stadium SA no había concretado las principales obras comprometidas, acumulaba 25 cheques rechazados por falta de fondos por casi $590 millones, atravesaba juicios laborales y había dejado de pagar el servicio eléctrico del complejo.

La situación financiera de la empresa constituyó uno de los puntos centrales del informe. Según el documento, la existencia de esos 25 cheques rechazados por una suma cercana a los $590 millones planteó interrogantes sobre la capacidad de la concesionaria para afrontar tanto los gastos corrientes como las inversiones comprometidas en el pliego.

La discusión también alcanzó al canon que la empresa debe pagar al municipio. El contrato estableció un pago anual de $120 millones, equivalente a unos $10 millones mensuales. El informe cuestionó ese valor en relación con el potencial comercial del estadio y sostuvo que una sola actividad de gran convocatoria puede generar ingresos muy superiores.

El pedido de transferencia accionaria

A esa situación se sumó un movimiento societario que todavía debía ser analizado por el municipio. Minella Stadium SA solicitó autorización para transferir el 87,5% de sus acciones a Perfeta Producciones SA, una firma vinculada al empresario de espectáculos Marcelo Fabio Fígoli.

El informe de Tiempo Argentino también hizo referencia a los vínculos empresariales de los grupos que participaron de la operación y a investigaciones desarrolladas en Brasil relacionadas con el denominado Caso Banco Master.

El municipio entregó la explotación del complejo a cambio de una serie de compromisos de inversión y mantenimiento. Por ese motivo, el eje de la discusión pasó por establecer cuánto se invirtió efectivamente, qué obras se realizaron, cuáles quedaron pendientes y con qué mecanismos cuenta la Municipalidad para exigir su cumplimiento.

Punta Mogotes y el Camping Municipal

La investigación no se limitó al Minella. El trabajo de Soroeta y Candeloro amplió la mirada hacia Punta Mogotes, uno de los espacios turísticos y costeros más relevantes de Mar del Plata y uno de los sectores donde durante décadas se desarrollaron distintos modelos de explotación privada, en un complejo que combina patrimonio público, actividad turística, negocios privados y desarrollo inmobiliario.

El informe incorporó además al Camping Municipal y a otros espacios que fueron objeto de concesiones o permisos de explotación. Según el documento, cada caso presentó características particulares, aunque con un hilo conductor común: el municipio conservó la propiedad mientras delegó por períodos determinados la explotación, el mantenimiento o el desarrollo del lugar en un privado.

El debate sobre el modelo de concesiones

De acuerdo con la investigación, ese esquema puede resultar una herramienta válida cuando el Estado carece de recursos para realizar determinadas inversiones o cuando un operador privado aporta experiencia, financiamiento y capacidad de gestión. La ecuación cambia, señaló el trabajo, cuando las inversiones no aparecen, cuando se acumulan incumplimientos o cuando las condiciones económicas del negocio resultan desproporcionadas frente al beneficio que obtiene la ciudad.

El informe planteó que el balance de cada concesión no debería limitarse al canon que paga el concesionario, sino que también debería contemplar las obras realizadas, los puestos de trabajo generados, la mejora de la infraestructura, el mantenimiento, los servicios ofrecidos a vecinos y turistas y el valor incorporado al patrimonio público una vez finalizado el contrato.

Sobre ese punto, el documento identificó uno de los principales desafíos para el municipio: controlar que aquello que se prometió en una licitación se cumpla durante todos los años de vigencia del contrato. El caso del Minella concentró buena parte de esa discusión, que alcanzó también a Punta Mogotes, al Camping Municipal y al conjunto de espacios que integran el patrimonio marplatense.