Mar del Plata atravesó una jornada de fuerte tensión social luego de que se registraran tres muertes violentas en un lapso de menos de 48 horas. La sucesión de hechos derivó en una protesta multitudinaria frente a la Jefatura Departamental de la Policía Bonaerense, en la que participaron familiares de las víctimas y vecinos autoconvocados.

Durante la manifestación se produjeron incidentes cuando un grupo de manifestantes derribó un vallado policial en reclamo de respuestas por parte de las autoridades. La protesta expuso además un cruce político entre el municipio y el gobierno provincial en torno a la situación de la seguridad en la ciudad.

Los tres crímenes

Entre los hechos que motivaron la reacción social se contaron el asesinato de un chofer de una aplicación de viajes durante el robo de su vehículo y el crimen de un comerciante dedicado a la venta de artículos de ferretería, ocurrido en el marco de un asalto. A ellos se sumó el hallazgo del cuerpo de Mailén Antonich, de 24 años, en una playa del sur de la ciudad, luego de que la joven asistiera a lo que sería una entrevista laboral.

Los tres casos permanecen bajo investigación judicial. La rapidez con la que se sucedieron los hechos fue señalada como uno de los factores que impulsó la convocatoria a la movilización vecinal.

Cuestionamientos políticos y respuesta oficial

Los reclamos alcanzaron al intendente interino, Agustín Neme, y al jefe comunal en uso de licencia, Guillermo Montenegro, en un contexto en el que dirigentes de distintos espacios políticos se responsabilizaron mutuamente por la política de seguridad en el distrito. En paralelo, legisladores bonaerenses presentaron iniciativas orientadas a agilizar la recepción de denuncias por desaparición de personas y solicitaron una mayor coordinación entre los niveles nacional, provincial y municipal.

Frente al reclamo social, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un refuerzo de la presencia policial en la ciudad y confirmó la continuidad de un plan de fortalecimiento de la seguridad para el partido de General Pueyrredón. La iniciativa contempla la incorporación de móviles y motocicletas, además de mejoras en el sistema de patrullaje preventivo.

Un reclamo con antecedentes

La crisis se dio en un contexto de reclamos previos por parte de organizaciones vecinales y del Foro Municipal de Seguridad, que en los últimos meses habían advertido sobre el aumento de robos, entraderas y hechos de violencia en la ciudad. Esas entidades venían solicitando la incorporación de más patrulleros y una estrategia conjunta entre los distintos niveles del Estado para enfrentar el delito.

Con la investigación judicial en curso, la situación mantuvo instalado el debate sobre la seguridad como uno de los principales temas de la agenda política local, en una ciudad donde la preocupación por el delito venía en aumento desde hacía varios meses.