El bloque de concejales del PRO denunció presuntas irregularidades durante la gestión del intendente Gustavo Barrera por la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Villa Gesell. La obra quedó paralizada en 2023 y, según la oposición, la empresa contratista mantiene una deuda superior a los $21 millones con el Municipio.

El proyecto había sido licitado en 2021 con financiamiento del Gobierno nacional durante la presidencia de Alberto Fernández. La obra fue adjudicada a Mafra Construcciones S.A.S., pero solo alcanzó un avance del 42,25% antes de quedar completamente detenida.

Cuestionamientos por los fondos y las demoras

De acuerdo con el informe presentado por los concejales del PRO, el Municipio otorgó a la empresa un anticipo financiero cercano al 30% del contrato, equivalente a unos $10,8 millones. También advirtieron que la intimación formal a la contratista comenzó varios meses después de la paralización de los trabajos.

La oposición sostuvo además que existieron dificultades para notificar a la firma debido a inconsistencias en el domicilio legal declarado, una situación que, según planteó, demoró las gestiones administrativas para exigir el cumplimiento del contrato.

Según datos de la Secretaría de Hacienda, la empresa mantiene una deuda superior a los $21 millones, correspondiente a anticipos no rendidos e intereses acumulados. Frente a ese escenario, el Ejecutivo municipal inició el proceso para ejecutar las garantías contractuales y avanzar con acciones judiciales para intentar recuperar los fondos públicos.

Reclaman explicaciones al Municipio

Los concejales del PRO solicitaron precisiones sobre los controles aplicados durante la licitación y la ejecución de la obra. Además, anticiparon que continuarán presentando pedidos de informes para determinar si existieron responsabilidades administrativas en el desarrollo del proyecto.

Mientras tanto, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) permanece inconcluso y sin fecha de reactivación. La denuncia volvió a poner el foco sobre el destino de los recursos destinados a la obra pública y abrió un nuevo frente de discusión política en Villa Gesell en torno al control de las inversiones financiadas con fondos nacionales.