El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó una indemnización para Rocío Quagliarello, la única sobreviviente de la Masacre de Monte, y para su madre, Loana Sanguinetti, como parte de un acuerdo judicial por los daños ocasionados durante el hecho ocurrido en mayo de 2019. La medida fue oficializada mediante el Decreto 739/26, firmado por el gobernador Axel Kicillof.
La norma autoriza al Fiscal de Estado bonaerense a concretar una transacción judicial en el marco de la demanda presentada por la madre de Rocío, quien tenía 13 años cuando efectivos de la Policía bonaerense persiguieron y dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto a otros cuatro jóvenes.
El acuerdo establece el pago de $343,6 millones, que serán abonados por el Ministerio de Seguridad. Del total, $264.572.000 corresponden a Rocío Quagliarello, mientras que $79 millones serán destinados a su madre.
Según el decreto, la conciliación resultó conveniente para el Estado provincial, ya que una eventual sentencia judicial podría haber derivado en una condena económica superior. Además, sostiene que el acuerdo está plenamente justificado desde el punto de vista jurídico y contempla los distintos daños reclamados por las demandantes.
En el caso de Rocío, la indemnización incluye conceptos como incapacidad sobreviniente, lucro cesante, pérdida de chance, daño estético, daño psicológico y daño moral. Para Loana Sanguinetti, la reparación contempla daño psicológico, daño moral, frustración del proyecto de vida y los gastos derivados de tratamientos médicos y farmacológicos.
La denominada Masacre de Monte ocurrió durante la madrugada del 20 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte, cuando efectivos de la Policía bonaerense iniciaron una persecución contra un Fiat 147 en el que viajaban Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (13).
Durante la persecución, los policías efectuaron disparos contra el vehículo, que terminó impactando contra el acoplado de un camión sobre la colectora de la Ruta Nacional 3. Como consecuencia del hecho murieron cuatro de los ocupantes, mientras que Rocío sobrevivió con graves secuelas.
Inicialmente, la versión oficial habló de un accidente de tránsito. Sin embargo, las pericias y las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron que el automóvil había sido perseguido y baleado por móviles policiales, lo que derivó en una causa por violencia institucional y encubrimiento.
En 2023, un jurado popular declaró culpables a cuatro efectivos de la Policía bonaerense. Dos de ellos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado por el abuso de la función policial y el uso de arma de fuego, mientras que otros dos recibieron 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado.
Con esta indemnización, el Gobierno bonaerense avanza en una reparación económica para las víctimas de uno de los casos de violencia institucional más graves registrados en la provincia en los últimos años, mientras familiares y vecinos continúan reclamando memoria y justicia cada 20 de mayo.