Dos senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para que la Unidad Turística Chapadmalal deje de estar bajo la órbita del Estado nacional y sea transferida a la administración bonaerense. La propuesta fue recibida con expectativa en el gobierno de Axel Kicillof, que desde hace tiempo reclama la preservación del histórico complejo dedicado al turismo social.

La iniciativa fue presentada por Juliana Di Tullio y Eduardo "Wado" de Pedro, ambos integrantes de Unión por la Patria, y ya comenzó su recorrido legislativo en el Senado de la Nación. El proyecto plantea la desafectación del dominio público nacional del predio y su transferencia gratuita a la provincia de Buenos Aires.

A cambio, la Provincia deberá aceptar formalmente la cesión mediante una ley y comprometerse a conservar el destino original del complejo, destinado al turismo social, educativo, recreativo y cultural.

"Presentamos un proyecto para transferir el complejo de Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires preservando el carácter de monumento nacional otorgado por ley años atrás", expresó Di Tullio al anunciar la iniciativa.

Los legisladores cuestionaron la estrategia del Gobierno de Javier Milei respecto del predio y advirtieron sobre los intentos de avanzar con esquemas de concesión privada. En ese sentido, sostuvieron que el complejo corre riesgo de perder la función social que mantiene desde hace más de ocho décadas.

La Unidad Turística Chapadmalal se encuentra en una situación de incertidumbre desde el inicio de la actual gestión nacional. En distintos momentos se mencionó la posibilidad de una privatización, la concesión a operadores privados e incluso proyectos de desarrollo inmobiliario, aunque ninguna de esas alternativas llegó a concretarse.

Los hoteles del complejo permanecen cerrados desde marzo de 2024 y todavía no existe una definición oficial sobre su futuro. Mientras tanto, la Secretaría de Turismo de la Nación, encabezada por Daniel Scioli, trabaja en un proceso para concesionar la explotación de las instalaciones a empresas privadas.

En paralelo, el Gobierno nacional enfrenta un conflicto por la situación de unas 30 familias que residen en el predio y que históricamente realizaron tareas de mantenimiento y seguridad.

Desde la oposición consideran que la transferencia a la Provincia permitiría preservar un patrimonio histórico y garantizar la continuidad del turismo social, una política que durante décadas facilitó el acceso a las vacaciones de miles de familias argentinas.