Bajo la dirección de Guillermo Rossi, la cúpula del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata ha desatado una controversia que pone en jaque su legitimidad. Tal como vienen advirtiendo diferentes colegiados, la aplicación selectiva y arbitraria de las normas ha expuesto una alarmante doble vara, ya que “se priorizan intereses privados por encima de la integridad de la profesión y la seguridad pública”.

El contraste fue expuesto recientemente en el sitio MDQ Activa: “Para comprobar el nivel supremo de hipocresía que rodea a la constante persecución del Colegio de Martilleros hacia algunos —sólo algunos— de sus colegiados, basta con mirar la página de la inmobiliaria Robles de Mar del Plata. La histórica inmobiliaria se alió con Sotheby’s International Realty. En la nómina de la inmobiliaria hay decenas de empleados, pero sólo dos martilleros. ¿Qué diferencia hay con la forma de trabajar de RE/MAX o Century 21?”.

En ese sentido, múltiples profesionales marplatenses se preguntan por qué el Colegio libra una batalla encarnizada contra profesionales que adoptan modelos de negocio como las franquicias, aunque elige “hacer la vista gorda” con aquellos que trabajan con Sotheby`s. De todos modos, aclaran que “la forma de operar de la inmobiliaria Robles no tiene nada de malo: es hacia allí a donde apunta el negocio de bienes raíces a nivel mundial”.

“Lo que esto evidencia es que, tras el discurso vetusto y poco inteligente de que ´las profesiones no se franquician´, lo que hay es simple y llanamente una disputa comercial entre profesionales del mismo rubro que buscan utilizar las instituciones como el Colegio de Martilleros, no para asegurar un mejor ejercicio de la profesión, o proteger al público de posibles estafas, o impulsar la formación de los matriculados; sino para atacar, perseguir e intentar dejar fuera del negocio a martilleros honestos que han decidido utilizar las herramientas que brindan estas franquicias para mejorar el servicio que le ofrecen a sus clientes”, sumaron desde MDQ Activa.

Lo cierto es que en los últimos años, la cúpula del Colegio de Martilleros ha lanzado una ofensiva sistemática contra los profesionales que operan bajo el paraguas de franquicias de renombre internacional como Re/Max, Century 21 o Keller Williams. Esta campaña, presentada como una lucha por la pureza del ejercicio profesional, busca obstaculizar el trabajo de colegas que adoptan nuevas herramientas comerciales.

El principal argumento legal esgrimido por la institución es la Ordenanza Nº 25.029 del partido de General Pueyrredón. Esta normativa, utilizada según diversos analistas como un arma contra la competencia, establece textualmente: “Prohíbese la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas”. Según la interpretación del Colegio, esta regla obliga a publicitar los servicios utilizando únicamente el nombre del martillero matriculado.

Las críticas de la dirigencia se extienden a la terminología, insistiendo hasta el hartazgo en que el término “broker”, de uso común en el sector, “no existe” en la legislación argentina. Su discurso se ancla en la premisa de que “las profesiones no se franquician”. Sin embargo, esta cruzada por la pureza profesional “se detiene abruptamente frente a las puertas de los amigos del poder, donde las reglas se doblan y la hipocresía reina”, señala un colegiado.

De hecho, la postura inflexible del Colegio se desmorona al analizar el caso de la histórica inmobiliaria marplatense Robles y su alianza estratégica con la prestigiosa marca global Sotheby's International Realty. Esta asociación expone una contradicción que socava por completo el discurso “anti-franquicias”. 

Al comparar sus prácticas con las prohibiciones impuestas a otros, la doble vara queda al descubierto en diversos puntos. Por un lado, el uso de una marca (la inmobiliaria opera bajo el nombre Robles, a pesar de que no existe ninguna persona con ese apellido en la firma, por lo que se trata, inequívocamente, de un nombre de marca, una práctica explícitamente prohibida por la ordenanza que el Colegio dice defender) y la alianza con una franquicia (en sus redes sociales y propiedades, la firma exhibe el logo de Sotheby's International Realty, una práctica idéntica a la que realizan los martilleros que trabajan con otras franquicias internacionales, aunque en ese caso no genera ninguna reacción por parte de la entidad).

Asimismo, la doble vara se hace evidente en la estructura del personal (el director de la firma es un arquitecto y su equipo incluye ingenieros y abogados, con solo dos martilleros matriculados en toda la nómina, una estructura que contradice el principio de que la intermediación debe ser ejercida exclusivamente por martilleros) y en el uso de terminología prohibida: varios de los empleados se identifican públicamente como “brokers”, el mismo término que la dirigencia ha denunciado repetidamente como inexistente e ilegal.

“¿Dónde están las sanciones, la persecución, los intentos de evitar que esta gente siga trabajando, suspendiéndoles la matrícula?”, se preguntan muchos profesionales. A su vez, recuerdan que la selectividad del Colegio no solo protege a aliados comerciales, sino que se extiende a un silencio cómplice que ampara a criminales procesados que operan bajo su matrícula. 

Tal como puede observarse en la web oficial del Colegio de Martilleros Departamento Judicial Mar del Plata, entre los colegiados activos figura Mario Castelao, un martillero investigado por múltiples estafas. Castelao habría participado de una asociación ilícita junto a Adolfo Salvador Salminici (un ex policía hoy fallecido) y sus hijos, Marcelo y Pablo Sebastián (el primero es abogado y apoderado de la administración del edificio Semar XI de la ciudad de Mar del Plata, y el otro es martillero matriculado).

“La hipocresía comercial del Colegio se convierte en complicidad directa con el delito. Mientras se persigue a profesionales por su modelo de negocio, se permite que individuos procesados por la justicia federal sigan operando con la habilitación que la propia institución les otorga”, cerró un colegiado.