

Este martes, una nueva empresa bonaerense del sector de la construcción, uno de los más golpeados en 2024, anunció la paralización total de sus actividades. Se trata de "Loimar S.A.", una histórica fábrica de pisos y cerámicos ubicada en Tandil, que lleva más de 50 años produciendo cerámica roja.
La compañía, que actualmente emplea a unos 50 trabajadores (tras haber despedido a 20 en noviembre), comunicó que la crisis económica de los últimos meses y el acumulado de deudas fueron factores determinantes para la decisión. En un comunicado oficial, Loimar informó que, debido a la difícil situación financiera, se vio obligada a detener la producción de su planta. El horno de ladrillos dejó de funcionar el 30 de octubre, seguido por la paralización del horno de pisos el 19 de noviembre.
En un comunicado de prensa, los directivos de Loimar explicaron que la crisis que atraviesa la empresa comenzó en 2020, cuando sufrieron lo que califican como un "bloqueo sindical ilegal sin precedentes" que se extendió durante 18 meses. Según la versión de la firma, este bloqueo les impidió retomar la normalidad operativa hasta 2021. Sin embargo, la empresa asegura que las consecuencias de este conflicto dificultaron la recuperación de los niveles de producción y ventas necesarios en los años siguientes.
Esta explicación ha generado escepticismo en Tandil, donde algunos cuestionan la justificación de la empresa, argumentando que contaron con tres años para retomar la producción, un período en el que la actividad industrial mostró signos de recuperación tras la pandemia.
Además, Loimar señaló que en 2024 las condiciones para el rubro empeoraron considerablemente debido a "la caída de la demanda, un precio deprimido y los costos de producción en alza, especialmente por los aumentos en la tarifa de electricidad e insumos". Estos factores, aseguran, convirtieron en insostenible la operación de la fábrica.
En respuesta a la grave situación, la empresa fijó como objetivo retomar la producción en 2025, aunque condicionado a "reglas claras de respeto a la propiedad y un horizonte de crecimiento", siempre que "el mercado se recupere y las variables económicas lo permitan". Esta promesa, sin embargo, no logra calmar la creciente incertidumbre en la comunidad local, que ve con preocupación el futuro laboral de unas 50 familias, a pesar de las declaraciones optimistas de los directivos.