El mismo día en que se publicó en el Boletín Oficial la ley que modifica el régimen de Zona Fría, dos distritos bonaerenses recurrieron a la Justicia para intentar frenar la quita de los descuentos en las facturas de gas. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, impulsó un amparo colectivo ante la Justicia Federal, y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó una acción similar en Mar del Plata.
La Ley 27.828 fue promulgada mediante el Decreto 1161/2026, publicado el martes. La reforma establece nuevas condiciones para acceder a la bonificación por Zona Fría y limita el beneficio automático que en 2021 se había extendido a distintas localidades del país. La normativa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
Los cambios alcanzan a unos 3,35 millones de hogares en todo el país, de los cuales 1,24 millones se encuentran en municipios bonaerenses. Con la modificación, residir en una localidad incorporada al régimen ampliado ya no será suficiente para conservar el descuento: los usuarios deberán cumplir los requisitos del esquema de subsidios energéticos focalizados.
En Bahía Blanca, Susbielles presentó el amparo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el Club Estrella. La acción busca mantener los descuentos y suspender los cobros y eventuales cortes vinculados con la quita mientras se resuelve el planteo judicial. El escrito sostiene que las condiciones climáticas de la ciudad justifican la continuidad del beneficio.
La presentación plantea además una posible vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Según informó el diario La Nueva, el reclamo incorpora estudios climáticos y un relevamiento de 44 facturas de gas de la ciudad. De acuerdo con ese análisis, sin el subsidio por Zona Fría, el monto total de esas facturas pasaría de $4,67 millones a $6,61 millones, un aumento estimado del 41,5% con el mismo consumo.
En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, a cargo de Marcelo Lacedonia, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la aplicación de los nuevos requisitos. Según informó el portal 0223, el reclamo está dirigido contra el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad y Camuzzi Gas Pampeana.
La Defensoría solicitó que se mantengan las condiciones tarifarias vigentes para la región, que se suspenda la aplicación de los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados y que no se homologuen nuevos cuadros tarifarios sin audiencias públicas. También pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828.
Entre sus argumentos, cuestionó que los usuarios de la región deban cumplir requisitos patrimoniales para conservar el descuento, mientras que en otras zonas el beneficio se mantiene de forma automática.
La Justicia Federal deberá analizar ambas presentaciones y resolver si corresponde suspender los efectos de la reforma.