UOM: fraude, urnas incendiadas y rebeldía judicial, las claves de la caída de Abel Furlán

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) quedó intervenida por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo después de una escalada de denuncias por fraude electoral, destrucción de urnas y el incumplimiento de una orden judicial que terminó por dejar sin sustento la continuidad de Abel Furlán al frente del sindicato.

La resolución dispuso la anulación de las elecciones nacionales del gremio, el desplazamiento de las autoridades surgidas de ese proceso y una intervención por 180 días. El fallo representó uno de los golpes institucionales más importantes para la organización metalúrgica en las últimas décadas.

Detrás de la decisión judicial quedaron denuncias de irregularidades en la seccional Zárate-Campana, acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición y una interna que terminó por fracturar el equilibrio de poder dentro de la estructura sindical.

Fraude electoral y urnas incendiadas en Campana

El conflicto se originó durante los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en Campana, una de las seccionales históricamente vinculadas al liderazgo de Furlán. Allí, la Lista Naranja opositora, encabezada por Ángel Derosso, denunció una serie de maniobras que, según sostuvo, alteraron el desarrollo normal de la elección.

Entre las acusaciones figuraron la destrucción de más de 20 urnas, amenazas contra fiscales y la presencia de grupos ajenos a la actividad gremial que habrían actuado para intimidar a los votantes. La oposición afirmó que esos episodios afectaron la transparencia del proceso y condicionaron el resultado final.

La Agrupación Azucena Villaflor profundizó los cuestionamientos. En un comunicado difundido tras la votación aseguró que, cuando la tendencia comenzó a favorecer a la oposición, aparecieron personas que “robaron y prendieron fuego las urnas” ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.

Según la agrupación, un escribano y un veedor del entonces Ministerio de Trabajo registraron las irregularidades denunciadas. El espacio también apuntó contra la administración de recursos sindicales y cuestionó distintos aspectos de la gestión de la obra social metalúrgica.

Las críticas alcanzaron además a USEM, una firma vinculada al gremio. Los denunciantes reclamaron explicaciones sobre fondos que, según plantearon, no contaban con información pública suficiente sobre su utilización.

El fallo judicial que derrumbó la elección de la UOM

La resolución de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, firmada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, resultó contundente. Los magistrados concluyeron que el proceso electoral careció de las garantías mínimas necesarias para asegurar su transparencia.

El tribunal sostuvo que las anomalías detectadas no constituyeron hechos aislados ni simples problemas administrativos. Por el contrario, entendió que afectaron aspectos esenciales de la democracia sindical y comprometieron la confiabilidad de toda la elección nacional.

Para los jueces, las decisiones adoptadas por el oficialismo terminaron por destruir cualquier presunción de legitimidad sobre el resultado. Ese criterio abrió la puerta a la anulación completa de los comicios y a la intervención del sindicato.

Sin embargo, uno de los elementos que más pesó en la evaluación judicial fue lo ocurrido después de las denuncias. El pasado 17 de marzo, la Justicia había suspendido la proclamación de las autoridades surgidas de la elección de Campana mientras analizaba las impugnaciones presentadas.

La rebeldía judicial que aceleró la caída de Furlán

Pese a esa medida cautelar, la conducción encabezada por Abel Furlán avanzó con el congreso que terminó ratificando a las autoridades nacionales de la organización. La decisión fue interpretada por la Cámara como un incumplimiento de una orden judicial vigente.

Ese episodio se convirtió en uno de los principales fundamentos del fallo. Para los magistrados, la conducción de la UOM decidió continuar con el proceso electoral nacional cuando la validez de una de sus seccionales más importantes ya se encontraba bajo revisión judicial.

La controversia dejó de ser exclusivamente electoral y adquirió una dimensión institucional. La oposición interpretó que el oficialismo intentó consolidar su poder pese a las objeciones planteadas por la Justicia y por distintos sectores internos del sindicato.

La crisis también expuso una fractura que se profundizaba desde hacía meses. Las seccionales de Capital Federal, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata rechazaron la continuidad de Furlán y se alinearon con los cuestionamientos al proceso electoral.

Dirigentes históricos como Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio Di Tomasso reaparecieron en una disputa que modificó el escenario político interno de la organización metalúrgica.

Mientras el sector desplazado buscaba revertir la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el interventor judicial Alberto Biglieri asumió el control de la UOM con la misión de normalizar el funcionamiento institucional del gremio.

El desenlace del proceso definirá no sólo el futuro político de Abel Furlán, sino también el rumbo de una organización clave para el movimiento obrero argentino, atravesada por una de las crisis más profundas de los últimos años.