El municipio de Mar del Plata deberá pagar más de $524 millones por la expropiación de una plazoleta

El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 resolvió que el municipio deberá abonar $524.550.000, más intereses, en concepto de indemnización por la expropiación de la Plazoleta Almirante Brown, un predio de 182 metros cuadrados situado sobre el Boulevard Marítimo, entre Brown y Lavalle, frente a Playa Varese.

En la sentencia de primera instancia, el juez Marcelo Fernández convalidó la validez del proceso expropiatorio, pero consideró insuficiente el monto ofrecido originalmente por la comuna. Según indicó, la tasación presentada por el Estado local no reflejaba el “valor actual y objetivo” del inmueble y presentaba inconsistencias metodológicas en relación con lo establecido por la Ley General de Expropiaciones.

El terreno en cuestión cuenta con palmeras, una placa conmemorativa colocada en 2007, una garita de colectivo y un banco con vista al mar. Aunque durante más de 30 años el municipio asumió su mantenimiento, tiempo atrás uno de los herederos del lote, Guillermo Eduardo Newkirk, reclamó su restitución.

Ante esa situación, en octubre de 2017 el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza N° 23.409 que declaró de utilidad pública las parcelas necesarias para consolidar la plazoleta. Posteriormente, en 2021, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley 15.258, que habilitó formalmente la expropiación para destinar el espacio a plaza pública. En 2023, el entonces intendente Guillermo Montenegro instruyó avanzar con la compra mediante una demanda judicial.

El punto central del litigio fue la valuación económica del terreno. La comuna había ofrecido $16,2 millones, cifra basada en una tasación de la Fiscalía de Estado, pero los herederos la rechazaron por considerarla muy por debajo del valor de mercado, teniendo en cuenta el potencial inmobiliario del lote por su ubicación frente al mar.

Durante el proceso se realizaron tres peritajes: el experto del municipio estimó el valor en US$215.000; el de la parte demandante, en US$400.000; y el perito designado de oficio lo fijó en US$390.000. El magistrado adoptó esta última cifra como “justa indemnización”, que al momento de dictar sentencia equivale a $524.550.000.

Además, el fallo establece el pago de intereses calculados desde diciembre de 1988 —fecha en la que se fijó la desposesión— hasta el dictado de la resolución, con una tasa del 6% anual.

Tras conocerse la decisión judicial, el municipio presentó una apelación. El expediente ahora deberá ser analizado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que aún no emitió pronunciamiento.