Guillermo Montenegro bajo fuego por aprobar obras a firmas vinculadas al narcotráfico

El intendente Guillermo Montenegro quedó nuevamente envuelto en la polémica en Mar del Plata, tras la aprobación de una excepción urbanística a favor de constructoras vinculadas por el propio Ministerio de Seguridad nacional con el narcotráfico. La denuncia fue realizada por la concejal Mariana Cuesta, del bloque Unión por la Patria.

Durante una sesión reciente del Concejo Deliberante, la edil peronista lanzó una grave acusación: “En diciembre de 2023, la propia Patricia Bullrich denunció que las constructoras Lener y Dinal eran utilizadas como pantallas para lavar millones de pesos provenientes del narcotráfico”.

El aval municipal y el rol del estudio de Cúneo Libarona

La denuncia cobró fuerza porque la excepción urbanística fue aprobada por la gestión de Montenegro, habilitando la construcción de una torre en pleno centro de la ciudad. Según Cuesta, “no lo dijo ningún político opositor: lo dijo el Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Y, sin embargo, hoy se permite que esa misma firma construya como si nada”.

La concejal agregó que el único respaldo que presentó el Ejecutivo municipal fue un escrito proveniente del estudio jurídico de Cúneo Libarona, abogado con vínculos conocidos en causas de alto perfil. “¿Todo claro, no?”, ironizó Cuesta frente al resto del cuerpo deliberativo.

Este señalamiento reavivó las tensiones dentro del PRO local y dejó expuesto al oficialismo frente a un tema altamente sensible como el avance del narcotráfico en la provincia.

Antecedentes de la causa y el informe de Seguridad

Las empresas en cuestión habían sido nombradas en un documento oficial del Ministerio de Seguridad, difundido a fines de 2023, durante una conferencia encabezada por Bullrich. En aquella oportunidad, la ministra aseguró que estas constructoras formaban parte de un circuito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con ramificaciones en distintos puntos del país.

El hecho de que esas firmas obtuvieran una excepción urbanística meses después, y en una de las zonas más valoradas de Mar del Plata, encendió las alarmas entre los bloques opositores. La concejal Cuesta remarcó que se trata de “una incoherencia total con el discurso anticorrupción que promueve el PRO”.

Silencio oficial y críticas internas

Hasta el momento, ni el intendente Montenegro ni ningún funcionario de su gabinete ofrecieron declaraciones públicas sobre la aprobación cuestionada. Tampoco hubo pronunciamiento por parte de la Coalición Cívica ni de otros aliados de Juntos por el Cambio, pese a que la denuncia generó ruido dentro del espacio.

En privado, algunos concejales oficialistas admitieron su incomodidad por lo sucedido. “Se terminó votando algo que no se explicó del todo bien”, deslizó un edil que pidió reserva.

La situación pone en tensión la imagen del gobierno municipal en un año atravesado por la crisis social y económica, y en el que la seguridad vuelve a instalarse como eje central del debate político.